Philippe Wüst, socio de FSI, y Carla Azorí, senior Regulatory Affairs Manager, de Précision, analizan cómo el nuevo shock energético derivado del conflicto en oriente reconfigura el escenario macrofinanciero global, con más inflación, menor crecimiento y mayor volatilidad en la reciente tribuna publicada en Funds People.
El conflicto en Oriente Medio ha iniciado un nuevo shock energético global. Los incrementos en los precios del crudo, queroseno, gas natural licuado y fertilizantes, junto con la creciente incertidumbre en torno a las rutas de suministro —especialmente para las aerolíneas, que se han convertido en una alternativa logística ante el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de los plazos de entrega—, están provocando un resultado inequívoco: un renovado repunte de la inflación, una desaceleración del crecimiento económico y un aumento significativo de la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros.
Este deterioro del entorno macroeconómico coincide con un ciclo de renovación institucional en la Presidencia de la Reserva Federal de EE.UU. y en la Vicepresidencia del Banco Central Europeo. Se inicia así un proceso que llevará a que cuatro de los seis puestos del Comité Ejecutivo queden vacantes en 2027, con implicaciones directas para la orientación estratégica de la política monetaria.
Si el actual contexto geopolítico se prolonga, el escenario más probable es un nuevo endurecimiento de los tipos de interés como instrumento para contener las presiones inflacionistas. Esta respuesta, necesaria desde la óptica de la estabilidad de precios, intensificará los riesgos para el crecimiento y pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los mercados y de las entidades financieras en un entorno ya de por sí frágil.
Ante este panorama disruptivo, a ambos lados del Atlántico se está respondiendo de manera divergente a los principales retos estructurales del sector financiero, apoyándose en marcos estratégicos distintos. Mientras que Estados Unidos adopta un enfoque más descentralizado y orientado al mercado para gestionar la gobernanza de la inteligencia artificial y la digitalización de los pagos, Europa opta por un modelo supervisor más centralizado y prospectivo.
En el refuerzo del sistema bancario ante los avances tecnológicos, tanto Estados Unidos como Europa han dado un paso relevante hacia requisitos de gobernanza más exigentes en materia de inteligencia artificial aplicada a los servicios financieros. En EE.UU., el Departamento del Tesoro ha transformado principios generales en obligaciones operativas concretas, estableciendo que la toma de decisiones automatizada debe estar plenamente supervisada y documentada. Los modelos de inteligencia artificial no pueden operar sin supervisión humana, lo que exige mecanismos reforzados, mayor calidad e integridad de los datos y una auditabilidad completa de los procesos.
De forma paralela, el Banco Central Europeo ha intensificado las inspecciones in situ sobre el uso de inteligencia artificial —incluida la generativa—, advirtiendo de que los marcos actuales de riesgos y gobernanza aún no están plenamente adaptados a los desafíos específicos de esta tecnología, con implicaciones prudenciales directas y vulnerabilidades estratégicas.
En cuanto a la digitalización de los pagos, Estados Unidos no está desarrollando un dólar digital minorista en sentido estricto. En su lugar, ha adoptado un enfoque pragmático y orientado al mercado, centrado en facilitar la innovación privada. La Reserva Federal reconoce el creciente papel de las stablecoins, la tokenización de activos y la inteligencia artificial en el sistema de pagos, y busca integrarlos de forma segura en la infraestructura existente mediante ajustes operativos.
Por su parte, el Eurosistema avanza en una infraestructura paneuropea destinada a reforzar la soberanía monetaria, reducir la fragmentación de los pagos minoristas y preservar el dinero del banco central como ancla del sistema financiero. El euro digital se encuentra en una fase avanzada de preparación técnica, pendiente de la aprobación definitiva del marco legislativo que permitiría su eventual lanzamiento. Está concebido para complementar los esquemas de pago europeos existentes y ya se han puesto en marcha proyectos piloto con proveedores de servicios de pago para validar su funcionamiento en condiciones reales, con vistas a una posible emisión a partir de 2029.
En conjunto, estos desarrollos apuntan a una transformación profunda del entorno en el que operan las entidades financieras. El año 2026 se perfila como un ejercicio más incierto, asimétrico y exigente que los ciclos anteriores. Las persistentes tensiones geopolíticas, los shocks de oferta y las renovaciones institucionales actúan como aceleradores de tendencias ya existentes, elevando la probabilidad de eventos de riesgo extremo.
Al mismo tiempo, la trayectoria prevista de los tipos de interés está generando una ventana de oportunidad estrecha pero significativa para las entidades financieras. Una mayor rentabilidad, combinada con posiciones de capital y liquidez todavía sólidas, proporciona la capacidad financiera para actuar con determinación.
Las entidades que aceleren la inversión en digitalización, inteligencia artificial y gobernanza avanzada del riesgo estarán mejor posicionadas para defender márgenes y preservar su relevancia. Por el contrario, respuestas tardías corren el riesgo de erosionar las ventajas competitivas frente a las Fintech, que avanzan hacia la rentabilidad.
En este nuevo equilibrio, la ventaja competitiva vendrá determinada por la capacidad de adaptación a un entorno en el que la geopolítica, la tecnología y la supervisión evolucionan simultáneamente.